La creciente inseguridad erosiona el derecho básico a vivir sin miedo

En Chile hoy, la seguridad como derecho básico, según el enfoque del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la irrupción de los delitos emergentes vinculados al narcotráfico, adquiere una urgencia renovada. Hasta hace algunas décadas la criminalidad organizada se contenía en “tipos de delito” específicos, pero la evolución hacia organizaciones transnacionales violentas, que controlan territorios, explotan vulnerabilidades migratorias y penetran en mercados legítimos, ha transformado la amenaza en una condición estructural.

Para el PNUD, la seguridad ciudadana no es únicamente la ausencia de delincuencia, sino un “derecho humano fundamental y una condición indispensable para que cada persona pueda vivir en paz, ejercer sus derechos y contribuir de manera activa al progreso social y económico”. Bajo este prisma, la seguridad adquiere dimensiones estructurales en tanto forma parte del desarrollo humano y de la gobernabilidad democrática. En ese contexto, el rol del Estado y de las instituciones, no debe limitarse  a la represión del delito, sino a garantizar que las personas vivan sin miedo y sin necesidad (“freedom from fear” y “freedom from want”). La seguridad, entonces, se convierte en un derecho básico, que permite el ejercicio pleno de otros derechos, como la participación ciudadana y el desarrollo humano.

Este  marco teórico cobra particular relevancia ante la evolución del delito y, en especial, ante la emergencia de formas de criminalidad organizada que desafían tanto el modelo de seguridad tradicional como la capacidad de respuesta estatal.  Hace algunos años, durante las primeras décadas del siglo XXI, en nuestro país la delincuencia organizada se manifestaba principalmente en redes dedicadas al tráfico de drogas o al robo, pero bajo una lógica bastante segmentada: bandas locales que operaban con foco en un tipo de delito como robo con intimidación, abigeato, tráfico de estupefacientes y otros, criminalidad que se caracterizaba por una focalización delictiva clara y a un nivel aún moderado de violencia extrema, comparado con algunos países de la región.

Aunque los estudios específicos cuantitativos pueden variar, frente a esa realidad, tanto el Estado como la ciudadanía, asumían una seguridad básica porque el riesgo que una banda organizada tomara “el barrio” o controlara territorio era relativamente menor, salvo casos excepcionales, no era un fenómeno siquiera parecido al actual. En ese sentido, el derecho básico a la seguridad, que implica vivir sin miedo, se percibía en un grado razonable.

No obstante, en ese mismo período, también se instalaron los cimientos de lo que ha proliferado en la actualidad: crecimiento del narcotráfico internacional, redes de blanqueo de dinero y la existencia de bandas que mantienen vínculos con puertos o fronteras, mutando a delitos cada vez más violentos, predatorios y vinculados a dinámicas del crimen organizado transnacional.

Entre los factores se distingue el aumento de la inmigración irregular, que genera vulnerabilidades de control social y facilita la explotación criminal de personas en situación irregular. Es así que los últimos informes indican que en Chile los secuestros han aumentado y los homicidios están marcando una tendencia al crecimiento, situación que debemos enfocar con énfasis más bien en lo cualitativo (tipo de homicidios) más que en lo cuantitativo, por cuanto la experiencia internacional está demostrado, que en sociedades donde irrumpe el crimen organizado, un estancamiento o incluso una baja en los homicidios puede no ser una tan buena noticia y significar, por ejemplo, que una gran organización ya controla el territorio o bien, y, lo que es peor, que varias organizaciones criminales se lo han distribuido y “trabajan” en “paz”.

La violencia ya no sólo es instrumento para el robo o narcotráfico, sino también como una forma de disciplinar territorios, imponer cuotas, extorsionar comerciante, vale decir, ejercer control sobre comunidades, lo cual implica que para muchas personas de barrios vulnerables, el estado de inseguridad creciente está  erosionando su derecho básico a vivir sin miedo, a moverse libremente y a sentirse protegidos.

Desde la perspectiva del PNUD, este viraje exige una política de seguridad ciudadana con rostro humano: una que reconozca la dimensión de derechos humanos, desarrollo y prevención. En otras palabras, cuando la criminalidad organizada se torna más violenta y predatoria, la seguridad ciudadana deja de ser una “condición” más, para convertirse en un umbral mínimo indispensable con el propósito que las personas puedan escoger sus vidas con dignidad, sin quedar atrapadas en dinámicas de temor o sometimiento.

Al mismo tiempo, la irrupción de organizaciones criminales de origen extranjero que no solo trafican drogas, sino que buscan el control territorial y el dominio de múltiples mercados -lícitos e ilícitos- representan un desafío mayor al concepto de seguridad como derecho básico, por cuanto nos enfrentamos a un enemigo organizado, multifacético, difícil de combatir con los esquemas clásicos de seguridad y justicia.

Por tanto, la seguridad, para el ciudadano, deja de depender de la acción puntual del policía, y empieza a depender del restablecimiento del monopolio legítimo del uso de la fuerza por parte del Estado, de la protección de los “espacios comunes” y de la garantía que los ciudadanos pueden ejercer sus libertades sin estar bajo el yugo del grupo criminal.

Además, la penetración en mercados lícitos como servicios informales, comercio, transporte o prostitución y la imposición de “impuestos” criminales, representa una colonización de la estructura económica-social que erosiona el desarrollo humano. En ese sentido, el crimen organizado es un factor que debilita el tejido institucional, genera desigualdad, dependencia y un miedo estructural.

Por tanto, garantizar el derecho de la seguridad humana exige no sólo endurecer la persecución penal, sino diseñar políticas que aborden el tema desde su raíz, previniendo la vulnerabilidad, empoderando a las comunidades, reconstruyendo el tejido institucional y asegurando la restitución del derecho a vivir sin miedo y desarrollarse con dignidad. En suma, la seguridad ciudadana debe entenderse no como un condicionante secundario, sino como la base sobre la cual se edifican otros derechos y la cohesión democrática.

Por Emiliano Arias Madariaga – Abogado, Ex Fiscal Regional